Las autoridades de Indonesia elevaron a 832 la cifra de muertos por los sismos y el tsunami que sacudieron la islas de Célebes el viernes, mientras comienza a llegar la ayuda a las víctimas, condicionada por la amplia destrucción.
El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), señaló en una rueda de prensa en Yakarta que 821 personas murieron en Palu y las restantes 11 en el distrito de Donggala.
Palu es la capital de la provincia de Célebes Central, tiene una población de 350.000 habitantes y es la zona más castigada por el tsunami, seguida por Donggala, con unos 277.000 habitantes y situado a unos 30 kilómetros al noroeste de la primera.
Aunque continúan cortadas las comunicaciones con Donggala recibieron informes sobre estas muertes. Al listado oficial hay que sumarle 540 personas hospitalizadas y 16.732 evacuados, todos ellos víctimas de una catástrofe que comenzó con un sismo de 6,1 grados al que le siguió, tres horas después, un terremoto de 7,5 grados y un inesperado tsunami.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, llegó hoy a Palu vestido con uniforme militar para reunirse con las autoridades, visitar hospitales y la playa de Talise, donde el tsunami se llevó a su paso las estructuras y vehículos de la costa y llegó hasta una mezquita, ya dañada por el terremoto, entre los gritos de los residentes.
«Carreteras cortadas, no es posible utilizar toda la pista de aterrizaje del aeropuerto, la electricidad está medio muerta y hay escasez de carburante. Espero que la población sea paciente. Estamos trabajando en esto juntos», escribió Widodo en su cuenta de Twitter.
El Ministerio de Sanidad se encarga de abastecer personal y material médico a una zona donde hacen falta especialistas en ortopedia, cirujanos generales, neurocirujanos, anestesistas y enfermeras.
La seguridad es otro problema por los robos en comercios y viviendas dañados o los presos que se escaparon de un presidio en Donggala aprovechando los daños causados por los terremotos y que superan más la mitad de los 560 reclusos que custodiaba la cárcel.
Para contener los casos de hurtos y saqueos, las autoridades autorizaron a las víctimas de la catástrofe en Palu a conseguir provisiones en determinados comercios a cargo del Estado.
