La Cámara de Diputados de San Juan celebró el pasado Jueves la Octava Sesión del período ordinario en cuyo transcurso, el cuerpo resolvió autorizar al Ejecutivo a contraer un empréstito por 58 millones de dólares con el BID para financiar el Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción; creó San Juan Innova Sociedad del Estado destinada a lograr la inclusión digital en la provincia; creó el Programa de Apoyo a la Inversión Privada en San Juan con un presupuesto de 2 mil millones de pesos y concretó la designación de tres jueces y dos fiscales.

La sesión fue conducida en forma alternada por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni y el vicepresidente primero del cuerpo, parlamentario Eduardo Cabello junto a los secretarios Administrativo, Roberto Iglesias y Legislativo, Nicolás Alvo.

Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción

Fue el diputado Rodolfo Jalife, quien tuvo la responsabilidad de explicar y fundamentar los alcances del Mensaje Nº 0051 y proyecto de Ley por el que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de 58 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, con más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios destinado a financiar el Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción de San Juan.

El proyecto de ley aprobado contempla un programa orientado a contribuir a la reactivación de la producción de San Juan y apoyar la sostenibilidad de las MiPyMES como sostén de empleo; es decir, es un PROGRAMA global de apoyo financiero a las MiPyMES locales para promover su recuperación económica.

Asimismo, como objetivo específico aparece la búsqueda de la recuperación económica de las MiPyMES que operan en San Juan a través de la provisión de financiamiento productivo.

El proyecto de ley estipula que faculta al Poder Ejecutivo para disponer la afectación de recursos locales para efectuar las erogaciones originadas en la contrapartida local de las operaciones del programa y para realizar las modificaciones y adecuaciones presupuestarias necesarias.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo es facultado a suscribir el Contrato de Préstamo

con el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.), sobre las bases de las siguientes condiciones financieras aplicables al empréstito mencionado con un plazo de amortización de 25 años, con sesenta y seis meses de gracia y con la tasa de interés que será la que esté determinada en el Contrato de Préstamo en base a lo usualmente estipulado por el Banco Interamericano de Desarrollo; quedando el Poder Ejecutivo facultado para suscribir dicho contrato y toda otra documentación complementaria relacionada con la operatoria de préstamo.

También el Poder Ejecutivo es facultado a afectar los recursos provenientes del régimen establecido por la Ley Nacional N° 23.548 y sus modificatorias o aquél que en el futuro lo reemplace, en garantía de las obligaciones que se contraigan con el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.), emergentes del contrato de préstamo y hasta la cancelación de las mismas. Esta facultad comprende la de suscribir los convenios y/o documentación que deberá cumplimentarse con el Estado Nacional para hacer efectiva la garantía mencionada.

Creación de San Juan Innova S.E.

Asimismo, la parlamentaria Marcela Monti fue quien explicitó los fundamentos del Mensaje Nº 065 y proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que crea la sociedad «San Juan Innova Sociedad del Estado, que será regida por la Ley N° 20.705, por la Ley de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias.

Al respecto, el proyecto aprobado establece que la Sociedad funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas, o el Organismo que en el futuro lo reemplace.

Tiene como objetivo promover por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, la inclusión digital de todos los habitantes de San Juan.

Por ello, está facultada para realizar: la prestación de los servicios de telecomunicaciones en el ámbito de la provincia de San Juan, de tal manera que se permita la comercialización del servicio, su producción y/o distribución nacional e internacional; investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías de las comunicaciones, lo que incluye soluciones tecnológicas y software; producción, comercialización y provisión de equipos y sistemas de telecomunicaciones; toda otra actividad necesaria para el cumplimiento del objeto social o que se encuentre vinculada con aquel.

La Sociedad deberá sujetarse a la política que en materia de desarrollo tecnológico establezca el Gobierno provincial y también tendrá a su cargo la implementación de las acciones contempladas en el proyecto «San Juan Conectada» y cualquier otro proyecto de tecnología asociada al objeto.

La Sociedad ejercerá todas las atribuciones y estará sometida a los mismos controles, internos y externos, de las personas jurídicas de su tipo, quedando facultada para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su objeto social.

Programa de apoyo a la inversión privada

El legislador Rodolfo Jalife fue el encargado de fundamentar el Mensaje Nº 066 y proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, que promueve la creación del programa de apoyo a la inversión privada en San Juan, que hace foco en el apoyo a la inversión sustentable, en la creación de empleo de calidad e inclusivo y el desarrollo productivo y sostenible de San Juan, con el objetivo de mitigar el impacto de la pandemia en los sectores productivos de bienes y servicios de la provincia. En tal sentido, el presupuesto inicial del Programa de Apoyo a la Inversión Privada en San Juan es de 2 mil millones de pesos.

El proyecto de ley que fue aprobado, propone un monto inicial del beneficio podrá ser ampliado e imputar uno nuevo, con la finalidad de prorrogar la vigencia del Programa. Por otra parte, el Programa de Apoyo a la Inversión Privada en San Juan otorga como beneficio, los Certificados de Crédito Fiscal aplicables para el pago de obligaciones fiscales provinciales, con una vigencia de cinco años computados desde la fecha de emisión y sus beneficiarios son los inversores que presenten proyectos de inversión sustentable a realizarse en la provincia.

Además, los Certificados de Crédito Fiscal pueden ser de hasta un 80% del valor total del proyecto de inversión sustentable aprobado y son entregados a los inversores bajo la forma de subsidio o crédito reintegrable, a una tasa que debe ser establecida por la autoridad de Aplicación. El valor nominativo de los Certificados de Crédito Fiscal es un porcentaje de la inversión total del Proyecto de Inversión Sustentable aprobado, neta de impuestos Provinciales y Nacionales.

Los Certificados de Crédito Fiscal son de libre disponibilidad y se utilizan exclusivamente para pagar obligaciones fiscales provinciales en los porcentajes que establezca la reglamentación. El inversor beneficiario puede utilizar dichos Certificados para sus obligaciones fiscales y/o transferirlos, por única vez a otros contribuyentes.

El beneficio fiscal establecido en la presente Ley, opera bajo condición de que el

inversor contribuyente sujeto a beneficio no registre deuda exigible por los impuestos, tasas o multas aplicadas por la Dirección General de Rentas de la provincia.

Adhesión al DECNU

Sobre tablas, el plenario resolvió ratificar por unanimidad la Ley de Necesidad y Urgencia Nº 2267-P, remitida por el Poder Ejecutivo, por la que la provincia de San Juan adhiere al DECNU 2021-455-APN-PTE.

Tribunal de Cuentas

Posteriormente fue la legisladora Fernanda Paredes quien tuvo a su cargo la exposición de este tema, consistente en la comunicación remitida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con dos ternas, una titular y otra suplente en base a un sorteo realizado ante escribano público entre los profesionales interesados en realizar dichas auditorías, para la auditoria de las rendiciones de cuentas del Tribunal de Cuentas de los ejercicios 2020. Sobre el particular, fue designado a los fines del estudio de la Cuenta General del Ejercicio 2020 del Tribunal de Cuentas de la provincia, el CPN Matías Edgardo Garcés.

Designación de cargos vacantes en la Justicia

El cuerpo legislativo abordó luego el tratamiento de los cargos vacantes en la justicia local, a partir de las ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura y las entrevistas realizadas por los legisladores en el seno de la comisión de Justicia y Seguridad. Así fue que en el transcurso de la sesión surgieron los nombres de los flamantes designados.

Juez de Cámara de Apelación del Trabajo-Sala I

Para el cargo vacante de Juez de Cámara de la Cámara de Apelación del Trabajo -Sala I, integrada por los abogados Luis César Arancibia, Guillermo Eduardo Rahme Quattropani y Federico Marcelo Soria, el bloque Justicialista propuso, a través de la legisladora Celina Ramella al abogado Guillermo Eduardo Rahmé Quattropani, quien finalmente resultó designado flamante juez en forma unánime.

Juez de Primera Instancia – 4º Juzgado Civil, Comercial y Minería

En tanto que para el cargo vacante de Juez de Primera Instancia (Cuarto Juzgado Civil, Comercial y Minería), de la terna integrada por los abogados Humberto Joel Conti Picco, Ricardo Mariano Juárez Prieto y Romina Gabriela Pereyra Carta,  el legislador Edgardo Sancassani propuso al abogado Humberto Joel Conti Picco, quien finalmente resultó designado por un total de 22 votos frente a la propuesta de la abogada Romina Gabriela Pereyra Carta que alcanzó un total de seis votos propuesta por el parlamentario Carlos Platero.

Juez de Primera Instancia – 5º Juzgado Civil, Comercial y Minería

Por otra parte, en el cargo vacante de Juez de Primera Instancia (Quinto Juzgado Civil, Comercial y Minería), de la terna integrada por los abogados: Paola Cassab Bianchi, María Alejandra Conca y Roberto Pablo Farina, el bloque Justicialista en la persona de la legisladora Fernanda Paredes postuló al abogado Roberto Pablo Farina, quien resultó elegido por un total de 23 votos, frente a la iniciativa de la diputada Nancy Picón que propuso a la abogada María Alejandra Conca que alcanzó 7 votos.

Fiscal de Primera Instancia  – Primera terna

Por otra parte, para el cargo vacante de Fiscal de Primera Instancia la terna estuvo integrada por los abogados Claudia Yanina Galante, Cristian Gerarduzzi y Daniela Alejandra Pringles Pinazo y en este sentido la diputada del Interbloque con Vos, Marcela Quiroga propuso a la abogada Claudia Yanina Galante quien fue designada  con un registro de 28 votos, frente a 2 votos alcanzados propuesta por el diputado Edgardo Sancasani.

Fiscal de Primera Instancia – Segunda terna

Finalmente, para el cargo vacante de Fiscal de Primera Instancia la terna estuvo compuesta por los abogados: Eduardo Samuel Gallastegui Malla, María Ximena Rodríguez Schmadke y María Beatriz Vaca Pringles. En nombre del bloque PJ, el diputado José Luis Esteve propuso a Eduardo Samuel Gallastegui Malla quien obtuvo 23 votos y resultó designado frente a la postulante María Ximena Rodríguez Schmadke que registró seis votos.

Homenajes

Ya en el final de la sesión, el diputado Sergio Miodowsky solicitó un minuto de silencio para evocar la figura del diputado provincial mandato cumplido, Miguel Sepúlveda, fallecido recientemente y además fue recordado el también ex legislador Armando Campos por su desaparición física, a los que se sumaron con sus palabras entre otros el diputado Silvio Atencio y el legislador Andrés Chanampa.

Por último, tanto el parlamentario Horacio Quiroga como Juan Carlos Gioja, evocaron la figura de la dirigente Virginia Rodríguez, detenida durante la dictadura militar y fallecida en fecha cercana.