El Gobierno trabaja en un proyecto de ley en donde los barrabravas sean considerados como organizaciones criminales. Se le aplicarían penas de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o vendan entradas de protocolo.

Hasta el momento, el proyecto se encuentra en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia. La normativa también pone en el centro de la discusión a los organizadores de eventos deportivos, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la seguridad en los estadios. Se penalizará a aquellos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso de personas con antecedentes penales.

Lo que se buscará con esto es que las actividades como el transporte de armas, la reventa de entradas de protocolo y el control de estacionamientos por “trapitos” en las inmediaciones de los estadios sean castigadas penalmente. Asimismo, apuntarán a cortar las fuentes de financiamiento de las barras, que se sustentan en prácticas ilegales como las extorsiones y amenazas.

El objetivo central de la ley es cerrar cualquier brecha legal que permita a las barrabravas operar con impunidad. Con este enfoque, el Gobierno busca erradicar el control territorial y financiero que estas organizaciones ejercen dentro y fuera de los estadios, consolidando una postura firme para recuperar la integridad del fútbol como espectáculo deportivo./NA/DR