Ayer al mediodía, la Policía Federal empezó a allanar las propiedades de Cristina Kirchner. Lo hizo tras la decisión del Senado de habilitar el proceso, tras el pedido del juez Claudio Bonadio. El departamento que la expresidenta tiene en Recoleta fue el primero de las tres inmuebles donde se hicieron los procedimientos. En la tarde, personal policial de civil entró a la casa de Río Gallegos y, cerca de las 19, terminó la inspección. El operativo en la vivienda de El Calafate se hoy viernes.

Pasado el mediodía llegaron al edificio ubicado en Uruguay y Juncal una gran cantidad de agentes de la Policía Federal y la Infantería, con un importante equipamiento para realizar el allanamiento. Hubo un impresionante despliegue técnico en el operativo, con miembros de la Policía Científica, que llevaron al menos siete valijas con equipos especiales, maletines y escáneres. Los policías entraron con testigos al departamento.

 

Alrededor de las 22, cuando la Policía retiraba sus equipos del lugar, los militantes que se acercaron durante el día para brindar su apoyo a la senadora les arrojaron botellas y les patearon la camioneta.

La Justicia sospecha que la exmandataria instrumentó junto a varios exfuncionarios una red de sobornos provenientes de la obra pública y del sector energético. Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, la mencionó en sus anotaciones, donde describió cómo llevaba bolsos llenos de dinero en su auto.

Los allanamientos se realizaron sin los condicionamientos que planteó Cristina: que no hubiera cámaras para evitar la difusión de imágenes, que fueran presenciados por sus abogados y un senador elegido por ella, que resguardaran sus objetos personales y que no rompieran las paredes. De esta manera, el juez actuó bajo su propia consideración.

Bonadio no buscaba encontrar plata en las propiedades, sino que el objetivo pasaba por otro lado: verificar si los espacios físicos de los inmuebles coinciden con las descripciones que escuchó en su despacho.

 

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